El Ministerio de Consumo ha iniciado un expediente sancionador contra la inmobiliaria Alquiler Seguro por presuntas prácticas abusivas en la gestión de alquileres de viviendas, centrando la investigación en la posible imposición a los inquilinos de contratar seguros y otros servicios adicionales no solicitados, lo que contravendría la Ley por el Derecho a la Vivienda. Esta acción se enmarca en un contexto de creciente preocupación por las prácticas abusivas en el mercado del alquiler, marcado por la subida de precios y la escasez de vivienda asequible, y se suma a otros expedientes sancionadores abiertos por el ministerio contra empresas del sector inmobiliario, como la plataforma Airbnb.
Alquiler Seguro, por su parte, niega las acusaciones y defiende la legalidad de sus prácticas, mostrando su disposición a colaborar con el Ministerio y a revisar sus procedimientos si es necesario. La inmobiliaria sostiene que los cobros que realiza, como la exigencia de dos mensualidades por garantía, están dentro del marco legal y no constituyen comisiones encubiertas. La investigación se inició a raíz de denuncias presentadas por organizaciones de consumidores como el Sindicato de Inquilinas-CECU, FACUA y la OCU.
Un aspecto relevante de la investigación es la mezcla que realiza Alquiler Seguro de su labor como inmobiliaria con la venta de seguros de impago de alquiler. Esta práctica ha generado críticas por parte del sector asegurador, que advierte sobre los posibles conflictos de interés y la falta de profesionalidad que puede derivarse de esta combinación de actividades. Profesionales de sector asegurador argumentan que la comercialización de seguros de impago debe realizarse de forma independiente y profesional, garantizando la protección tanto de propietarios como de inquilinos.
Las sanciones por incumplimiento de la normativa pueden oscilar entre los 100.000 euros y un millón de euros, dependiendo de la gravedad de la infracción y de los beneficios ilícitos obtenidos. En resumen, el Ministerio de Consumo está tomando medidas para proteger los derechos de los inquilinos y garantizar el cumplimiento de la ley en el sector del alquiler, mientras que el sector asegurador reclama una separación clara entre las actividades inmobiliarias y la de seguros.