A menudo percibidos como meros observadores, los vigilantes de seguridad en España desempeñan en realidad un papel mucho más activo y crucial en la protección de personas y bienes, incluyendo la facultad de llevar a cabo detenciones. Si bien su autoridad no se equipara a la de las fuerzas del orden, la ley les confiere una potestad esencial para actuar con determinación ante la comisión flagrante de delitos, convirtiéndolos en un eslabón vital en la cadena de seguridad.
La flagrancia delictiva no es solo una excepción legal, sino una herramienta fundamental que empodera al vigilante de seguridad para intervenir de manera inmediata y eficaz cuando un delito se está cometiendo ante sus ojos. Esta capacidad de actuación no es un mero formalismo; representa la posibilidad real de frustrar robos, detener agresiones y proteger activamente los intereses que están bajo su custodia.
Imaginemos la escena con ejemplos: un individuo intenta forzar una caja registradora en un comercio, un individuo hurta en un comercio, un individuo atraca o agrede a otro… El vigilante, testigo directo del acto ilícito, no está obligado a permanecer impasible. La ley le otorga la legitimidad para actuar, para detener al infractor in fraganti y evitar que el delito se consume o que el daño se extienda. Esta intervención inmediata es a menudo crucial para la recuperación de bienes sustraídos y para la seguridad de las personas presentes.
Lejos de ser una acción arbitraria, la detención por flagrancia es una responsabilidad legal del vigilante. Omitir la intervención ante un delito flagrante podría interpretarse como una negligencia en el cumplimiento de sus deberes de protección y vigilancia. Su capacidad para detener no es un privilegio, sino una herramienta de trabajo esencial para garantizar la seguridad y el orden en los espacios donde prestan servicio.
La ley lógicamente exige proporcionalidad y la entrega inmediata del detenido a las autoridades. Sin embargo, esta exigencia no menoscaba la importancia de la detención inicial. Al contrario, asegura que la situación sea controlada de inmediato, evitando la fuga del delincuente y facilitando la posterior actuación policial y judicial. El vigilante se convierte así en el primer garante de la legalidad en ese instante preciso.
La figura del vigilante de seguridad, por tanto, va más allá de la mera disuasión pasiva. Son profesionales capacitados y habilitados que, ante la evidencia de un delito en curso, tienen la autoridad y la obligación de actuar, incluyendo la detención del delincuente para su posterior puesta a disposición judicial. Esta facultad, ejercida con responsabilidad y dentro de los límites legales, los consolida como un elemento activo e indispensable en el sistema de seguridad de nuestro país. Su capacidad para detener en flagrancia no es una anomalía, sino una manifestación de su compromiso y su rol esencial en la protección de la sociedad.