Aprovechando el anuncio de la distribución con suscripción gratuita al libro «autobiografía» de un niño robado en substack tratamos en nuestro blog este tema tan oscuro. El caso de los «bebés robados» es una de las páginas más oscuras y dolorosas de la historia reciente de España. No se trata de un fenómeno aislado, sino de una trama organizada de sustracción y compraventa de recién nacidos que se extendió durante décadas, dejando miles de víctimas y un profundo dolor en la sociedad.
Origen y alcance de la trama
Aunque el robo de niños comenzó a documentarse hace 70 años, especialmente a partir de la Guerra Civil (1936-1939) donde se separaba a los hijos de presas políticas con el objetivo de «reeducarlos» y «salvarlos» del «marxismo», la red se perpetuó y se expandió con un cariz principalmente económico.
La práctica se intensificó desde la posguerra y, lo que es más impactante, continuó hasta bien entrada la década de 1980 e incluso 1990, ya en democracia.
A menudo, a las madres, muchas de ellas solteras, jóvenes o de bajos recursos, se les comunicaba que su bebé había muerto al nacer. Los cuerpos nunca se les mostraban. Simultáneamente, el recién nacido era entregado o vendido a familias adoptivas, a veces por intermediación de personal médico (obstetras, ginecólogos), enfermeras y, sobre todo, órdenes religiosas (monjas y sacerdotes) que actuaban como nexo.
No existe una cifra oficial, pero algunas estimaciones realizadas por asociaciones de víctimas y abogados, como Enrique Vila, sugieren que el número total de casos podría ascender a decenas de miles (alrededor de 30.000), convirtiendo a España en uno de los países con mayor número de desapariciones forzadas de menores en el mundo en ese período.
La búsqueda y la lucha por la justicia
Las víctimas (tanto los hijos robados como las madres biológicas) han llevado a cabo una búsqueda incansable para reencontrarse y obtener verdad y justicia. Esta lucha ha estado marcada por la impunidad y la dificultad legal:
La mayoría de las denuncias presentadas a partir de 2011 se enfrentaron a la prescripción de los delitos, una de las principales barreras judiciales.
La documentación hospitalaria y de los Registros Civiles, clave para la investigación, a menudo está incompleta, es inaccesible o, peor aún, se encuentra falsificada. La falsificación de certificados de defunción y de nacimiento era central en la trama.
Solo se ha llegado a juicio en un número muy reducido de casos. El caso más conocido fue el del doctor Eduardo Vela en 2018, acusado de la sustracción de Inés Madrigal, pero el delito fue declarado prescrito, lo que evidenció el problema del tiempo transcurrido.
El desafío de la ley de bebés Robados
Desde hace años, las asociaciones de víctimas exigen una legislación específica que aborde la singularidad de este drama. Se espera aprobación en 2026, pero es una situación que se repite año tras año.
Se ha presentado en el Congreso de los Diputados, en varias ocasiones, una Proposición de Ley sobre «bebés robados» que busca el reconocimiento de las víctimas, la creación de una Fiscalía Especial y la elaboración de un Plan Integral Nacional de Búsqueda que facilite el acceso a archivos y bases de ADN.
A pesar de contar con el apoyo de varios grupos parlamentarios y ser aprobada su toma en consideración en el pasado, la ley ha sufrido repetidos bloqueos y caídas por cambios de legislatura, manteniendo a las víctimas en una espera constante por una respuesta efectiva del Estado.
El caso de los bebés robados es una herida abierta en la memoria de España. Para las víctimas, no solo se trata de la búsqueda de su identidad o de sus hijos perdidos, sino de la exigencia de que se reconozca oficialmente que fueron objeto de una desaparición forzada y de un atentado a sus derechos humanos, un reclamo que sigue resonando con fuerza.
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