La Ley de desahucio express fue la primera que tuvo la firma en el BOE de Pedro Sanchez como presidente en 2018, pero fue algo heredado, ya que la misma fue aprobada con los votos de PP, Cs y PNV con los votos en contra de los demás partidos incluido el PSOE.
Esta Ley es aplicable a quienes ocupan las viviendas sin permiso y a sus dueños o posesores legales, siempre que estos últimos sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o instituciones y entes públicos. No es aplicable si los podedores legales son personas jurídicas siendo esta una modificación realizada para evitar que entidades financieras puedan utilizarla.
El dato real de casa ocupadas en 2019 es del 0.3% del total de viviendas vacias disponibles. Este dato choca con la urgencia de esta Ley. La alarma social está basada en bulos sobre ocupaciones ya que si bien es un problema real no lo es tanto por el mínimo porcentaje en el que ocurre y la mayor parte de esas viviendas que se consideran ocupadas tienen como propietarios a fondos de inversión o son vivienda social propiedad de Ayuntamientos por lo que no se podrá utilizar esta Ley.
Aplicando esta Ley el propietario presenta demanda en juzgado y éste dará 5 días a los ocupantes para demostrar el derecho a uso de la vivienda, como no lo harán el juzgado dictará sentencia que se ejecuta “sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días” para el desalojo que ahora se aplica en cualquier desahucio.
Podemos pensar que esta Ley tiene más de efecto disuasorio que de efectos en número elevado.